jueves, 30 de junio de 2011

JUICIO POLÍTICO





A LOS EX COORDINADORES DE LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS DE  LA LVIII LEGISLATURA
DEL CONGRESO ESTADO DE JALISCO

Diputado Carlos Alberto Briseño Becerra
Presidente de la Comisión de Responsabilidades
Congreso del Estado de Jalisco
PRESENTE

Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera, yo mexicana, mayor de edad,  por mi propio derecho, comparezco ante la Comisión de Responsabilidades, protesto conducirme con verdad y expongo para manifestar lo siguiente:
Que por fundamento en el Art. 8vo. Constitucional, que a la letra dice: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.”
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Que durante 2008, los coordinadores de las fracciones parlamentarias y miembros de la Junta de Coordinación política de la LVIII Legislatura del Congreso de Jalisco recibieron ingresos extraordinarios, diferentes a las percepciones legales establecidas  la Dieta y establecidos en el presupuesto para el Congreso de Jalisco de ese año. Los ingresos extraordinarios son de dos tipos: 1) Bono de Fin de año, 2) Mes trece.

Como ciudadano solicito que la Comisión de Responsabilidades investigue y en caso de que los servidores públicos hayan violado la ley, se turne a la instancia procedente para que se instruya un juicio político, tal como establece la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Jalisco TITULO SEGUNDO DEL JUICIO POLITICO, el  Artículo 5º, establece “Podrán ser sujetos de juicio político, los diputados del Congreso del Estado; los magistrados del Poder Judicial y jueces de primera instancia; los titulares de las secretarías dependientes del Ejecutivo del Estado, el Procurador General de Justicia, el Procurador Social y el Contralor del Estado; los integrantes del Consejo de la Judicatura, los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado; el presidente y los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Presidente y consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado; los presidentes, síndicos, regidores o concejales; y los funcionarios encargados de la hacienda municipal; así como los titulares de organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal mayoritaria” y el  Artículo 6º. “Es procedente el juicio político, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.


Cabe mencionar que cualquier ciudadano puede iniciar la denuncia de Juicio Políticos apoyada en pruebas fidedignas en contra de los servidores públicos sujetos contemplados en el artículo 5 de la Ley de Responsabilidades.

  Por lo que bajo protesta de decir verdad manifiesto que los antecedentes del acto combatido son al tenor de los siguientes:


H E C H O S:

·         El Coordinador parlamentario del PAN, Jorge Alberto Salinas Osornio, recibió 6, 072,748.86  pesos, en el rubro de mes trece en su cuenta personal del Banco HSBC en su número de cuenta personal con terminación *7406. Adicionalmente recibió 1, 200,000 pesos en el rubro de bono de fin de año depositados en su misma cuenta y banco.

·         El Coordinador parlamentario del PRI, Juan Carlos Castellanos Casillas, recibió 3,981,712.98 pesos como mes trece, 1,200,000 como bono de fin de año y1,565,624.62 sin especificar rubro, todos estos depósitos fueron a su cuenta personal con terminación *7307 del Banco HSBC.

·         El Coordinador parlamentario del PRD, Samuel Romero Valle, recibió 994,518.65  pesos del mes trece, 1, 200,000 pesos del bono de fin de año y 436,959.8 pesos sin especificar rubro, todos a sus cuentas personal con terminación *7646 del Banco HSBC y cuenta con terminación *9362 de Bancomer.

·         El Coordinador parlamentario del PVEM, Luis Manuel Vélez Fregoso recibió 397,079.8 pesos por el mes trece y 1, 200,000 pesos por bono de fin de año, ambas cantidades fueron depositadas a su cuenta personal del banco Banorte, cuenta con terminación *8666.

·         El Coordinador parlamentario del PT, Alfredo Zárate Mendoza, recibió 397,079.81 pesos del mes trece y 1, 200,000 pesos como bono de fin de año, ambos depósitos a su cuenta personal en la cuanta con terminación *0215 de Bancomer.

·         El Coordinador parlamentario del PANAL, Oscar Alejandro Díaz Medina, recibió 695,799.24 del mes trece y 1, 200,000 pesos de bono de fin de año, además de 263,216.74 pesos de un robro no especificado, todos los depósitos a su cuenta  con terminación *7455 de HSBC y cuenta con terminación *3884 de Banorte.

martes, 21 de junio de 2011

Aumenta 320% costo de partidos en Jalisco

Ignora Congreso recomendación de ciudadanos.

Tendrán en 2012 $337 millones; recibieron en 2006 $80 millones

Jessica Pilar Pérez

 (20 junio 2011).- El financiamiento para que los partidos busquen el voto ciudadano en las elecciones del 2012, cuando se elige Gobernador, pasó de 80.1 millones de pesos erogados en el 2006, a 337.2 millones que recibirán en el siguiente año, lo que significa un incremento del 320 por ciento.

Lo anterior de acuerdo a la fórmula de financiamiento avalada por el Congreso en el 2008, que dispara los recursos del erario público que se otorgan a los partidos políticos.

Para obtener el presupuesto que se destinará a partidos para campañas, actividades ordinarias y específicas, se toman en cuenta varias fórmulas que tienen como base el padrón electoral, que hasta el 30 de abril pasado era de 5 millones 476 mil 15 ciudadanos.

El conjunto de estas ecuaciones y la suma de los tres conceptos da como resultado 337.2 millones de pesos, cifra que podría incrementarse, ya que el padrón se actualiza cada año.

Los partidos tendrán ese gasto, a pesar de que de enero del 2006 a mayo del 2011 la inflación acumulada fue de 24.02 por ciento, según datos del Banco de México.

El financiamiento público para el 2012, que se entrega a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, será el más elevado en los últimos tres procesos electorales en los que se vota por Mandatario y alcanzaría para construir cuatro preparatorias, cuya inversión aproximada es de 60 millones de pesos.

Tomar en cuenta el padrón electoral como base de fórmula ha sido reprobado por el Congreso Ciudadano, que propuso apoyarse en los votos válidos de la elección anterior, lo que reduciría los recursos.

El rechazo a la fórmula no es exclusivo de las organizaciones sociales, el Alcalde de Tlajomulco, Enrique Alfaro, y el Gobernador Emilio González Márquez, también propusieron modificaciones.

Sin embargo, los diputados no atendieron las peticiones y sólo redujeron el tiempo de campaña a Gobernador del Estado, de 90 a 60 días.

Margarita Sierra, vocera del Congreso Ciudadano, calificó como vergonzoso que los partidos políticos no quisieran perder sus beneficios económicos al modificar la fórmula.

"Gobiernan de cara a sus partidos y no de cara a los ciudadanos, entonces ellos no van a soltar ni un peso", comentó.

Los diputados del PRI, Ana Bertha Guzmán, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, y Carlos Briseño, quien tomó como propia la petición del Congreso Ciudadano, reconocieron que no hubo voluntad política para abordar el tema.

Anteriormente, para dar el financiamiento a partidos se tomaba como base un costo mínimo definido por el órgano electoral.

Hasta el 2008, 26 Estados del País habían modificado su legislación para adoptar la fórmula federal de multiplicar el padrón electoral por una parte del Salario Mínimo Vigente, que puede ser del 12 al 85 por ciento.



Como espuma...

El gasto que tendrán los partidos en el 2012 se elevó considerablemente con relación al del 2006, cuando también se votó por Gobernador.



200363.8
200680.1
2009*231.3
2012*337.2



*Se aplicó por primera vez la fórmula que toma en cuenta el padrón electoral. **La cifra podría incrementar conforme aumente el padrón. Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.



sábado, 4 de junio de 2011

Destituir a Cesar Coll

A 4 de junio de 2001, México.   COMUNICADO DE PRENSA EL MAPDER EXIGE RESPOSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE CESAR COLL CARABIAS   Las calumnias, amenazas y falsas acusaciones en contra del sacerdote Gabriel Espinoza, por parte del Señor César Coll Carabias (La Jornada, 4 de junio de 2011), director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), no son apropiadas, ni en el marco de las funciones de un empleado público. Amenazar y calumniar en los medios de comunicación a miembros de la sociedad que reclaman sus justos derechos humanos, usar los medios para intimidar y criminalizar las aspiraciones legítimas por el cumplimiento de los derechos humanos y como funcionario, pone en riesgo la vida y la seguridad del sacerdote Gabriel Espinoza entre otros que, además de pretender desalojarlos incluso con lujo de violencia de sus legitimas viviendas y tierras, ahora se les acusa de delincuentes. Las graves acusaciones de “alborotador”, “fanático” y “manipulador” de la gente y responsabilizarlo de cualquier brote de violencia que se pueda generar en oposición a la presa El Zapotillo, no sólo muestra la falta de respeto del empleado público, sino violación a los derechos humanos, al Estado de Derecho, acusaciones falsas, dolosas y graves que invitan a un linchamiento social y político con acusaciones ligeras y faltas de verdad cuando se ha llevado un proceso largo, y con pruebas contundentes por parte de muchos sectores sociales, políticos y académicos, sobre la ilegalidad e inviabilidad de la obra. El empleado público afirmó no entender la actitud del sacerdote que no es otra que asumir en coherencia los reclamos de la gente afectada y en defensa de la vida y la dignidad. Y se entiende al empleado público, ya que no será su conocida casa lujosa en Guadalajara la que se inundará, ni será su familia la que vivirá desplazada con violencia a las casas mal construidas en la terracerías de Cañadas de Obregón que su dependencia construye en la ilegalidad. Ante las acciones de los empleados públicos y otras instancias de gobierno, transgresores de la ley, exigimos el Estado de Derecho y alto a la criminalización del movimiento social contra las represas. Algunos empleados públicos olvidan que son eso: empleados públicos, y que no cuentan con fuero constitucional. Consideran que son intocables ante la ley al hacer este tipo de acusaciones e intimidaciones saltando sus responsabilidades como funcionarios públicos. Responsabilizamos al empleado público César Coll Carabias por la seguridad del sacerdote Gabriel Espinoza y de cualquier miembro del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Exigimos al gobierno del Estado de Jalisco, Congreso del Estado de Jalisco, al Gobierno Federal, no sólo la destitución inmediata del empleado público César Coll Carabias, y el deslinde de las responsabilidades en el marco de la Ley Federal de Responsabilidades de Funcionarios Públicos (Título III, Capítulo I y II de dicha ley), sino además la cancelación definitiva de la represa El Zapotillo. ¡Exigimos cumplimiento de la ley, la cancelación de la represa El Zapotillo, Y la búsqueda de alternativas viables y sustentables para la gestión del agua en el país! Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)