En nuestro país, la imagen de políticos se ha deteriorado sobremanera en los últimos años. Su imagen pública es negativa. Para algunos/as políticos “el fin justifica los medios”. El servicio público, una actividad de compromiso y responsabilidad con una sociedad heterogénea, se convierte en un botín, al que se puede acceder para beneficio personal, de grupo o de partido.
Cuando políticas/os sin ética devienen en funcionarios públicos: diputadas y diputados, senadores, presidentes municipales, regidores o cualquier otro cargo público, están a su disposición y en riesgo recursos públicos. Este comportamiento en muchos servidores públicos es resultado de complejos factores que lo determinan y estimulan, como el bajo nivel educativo promedio de la población que les tolera; la fragilidad democrática de nuestras instituciones, el marco legal que no contempla sanciones significativas y permite la impunidad, y tal vez el factor más importante, el bajo nivel de exigencia ciudadana, de escrutinio público.
La indiferencia de un número considerable de ciudadanas y ciudadanos jaliscienses contribuye para que la corrupción que impera en la Cámara de Diputados subsista. A la vez, la actuación de nuestros “representantes populares” genera desconfianza e irritación. La población termina recurriendo al recurso fácil de la apatía, de la indiferencia hacia las tareas de gobierno, convirtiéndoles sin proponérselo, en cómplices de sus atracos. Al mismo tiempo, esa indiferencia propicia que l@s diputad@s cometan nuevas irregularidades, faltas, delitos.
La Cámara de Diputados tanto Federal como Estatal, son percibidas por ciudadanas y ciudadanos como espacios de negociación, formados por grupos donde se puede intercambiar todo: comisiones legislativas, manejo de presupuesto, sueldos, bonos, viajes, nombramientos, derechos. La negociación y el cabildeo, acciones legítimas de la práctica política para conseguir acuerdos entre diversos partidos políticos, sus corrientes y expresiones, se corrompen. Legisladores viven y exhiben entonces, una falta de honradez; su objetivo prioritario ya no es legislar con y para la sociedad, sino obtener beneficios personales o de grupo.
El Congreso Ciudadano de Jalisco (CCJ) desea manifestar su postura frente al papel desarrollado por las y los Diputadas y Diputados integrantes de la LVII Legislatura que terminaron funciones el pasado 31 de enero del presente año. Como ciudadanas/os organizad@s estamos profundamente indignad@s por la forma no ética en que se condujeron. La LVII Legislatura pasará a la historia de Jalisco como una de las más ineficientes, costosas y prepotentes. Ineficiente, en términos del número y calidad de leyes que crearon o modificaron; costosa, en términos del presupuesto que absorbieron. El daño que causaron a la imagen pública de la institución que representan es desafortunadamente, también parte de la historia.
¿Por qué las y los señores Diputados actúan así? Porque no existen contrapesos, supervisión ni sanciones importantes ante las irregularidades que comenten. La ciudadanía se encuentra en un estado de indefensión ante el cúmulo de irregularidades detectadas en el Congreso de Jalisco.
Las personas que integramos el Congreso Ciudadano de Jalisco no estamos dispuestos/as a seguir permitiendo que Diputadas y Diputados del Congreso del Estado sigan incumpliendo sus tareas legislativas. Formamos parte de una Organización Ciudadana que vigilará y evaluará el trabajo que realizan las y los señores Diputados. Sobre todo, el Congreso Ciudadano denunciará ante la opinión pública y los medios de comunicación, a funcionarios públicos de la actual Legislatura que comentan alguna irregularidad en perjuicio de los intereses de la colectividad. No deben quedar en el olvido los nombres de Diputad@s que integraron la LVII Legislatura, los actos de corrupción que cometieron en contra de ciudadanos/as de Jalisco, mismos que deben evitar repetir Diputados/as de la LVIII Legislatura.
Los Datos
En los siguientes párrafos damos a conocer algunas acciones de la LVII Legislatura que aparecieron en los principales diarios locales, así como en la página electrónica del Congreso:
Bajo Nivel de Productividad
La LVII Legislatura destacó por su bajo nivel de productividad en la creación y modificación de leyes relevantes para el Estado de Jalisco, por su alto impacto social. Por ejemplo, la Ley para Prevenir y Eliminar las Formas de Discriminación en el Estado de Jalisco, tardó casi dos años para en ser dictaminada; la Ley sobre el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, salió aunque con el rechazo de las y los directamente afectad@s. La Ley de Transparencia, aprobada por esa Legislatura al inicio de su gestión, pretendieron modificarla en perjuicio de los derechos ciudadanos fracasando en este intento. En general, podemos afirmar que la LVII Legislatura sólo produjo trece leyes significativas para el Estado de Jalisco.
Si medimos la productividad de las y los Diputad@s con relación al número de intervenciones en tribuna y tiempo de las mismas, encontramos por ejemplo, que el Diputado Joaquín Domínguez, quien asistió a 240 sesiones tuvo una participación en tribuna de 1 hora, 32 minutos, 42 segundos; la Diputada Ana Rosa Bueno, asistió a 8 sesiones y no tuvo una sola participación en tribuna; el Diputado Carlos Arturo González, asistió a 10 sesiones y tuvo una participación en tribuna de 5 minutos, 39 segundos. ¿Cuánto costó a la ciudadanía cada minuto de intervención de los Diputados? En el caso del Diputado Ricardo Ríos Bojorquez que en 269 sesiones tuvo un tiempo de participación en tribuna de 4 horas, 26 minutos, 06 segundos, cada minuto de sus intervenciones costó a ciudadanas y ciudadanos de Jalisco, aproximadamente 9,941 pesos[1].
Reuniones de las Comisiones
La LVII Legislatura estuvo organizada en 32 comisiones; cinco de ellas sólo se reunieron una vez a sesionar en los tres años de trabajo; fueron las de Asuntos Indígenas, Asuntos Metropolitanos, Fomento Económico y Desarrollo Cooperativo y Juventud y Deporte. El Art. 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, obliga a las comisiones a reunirse por lo menos una vez al mes durante el período que dure la Legislatura. Sólo 8 comisiones de las 32 en funciones cumplieron con esta disposición.
Presupuesto del Congreso
La LVII Legislatura tuvo un presupuesto exagerado y en crecimiento. En el año 2004, ejercieron un presupuesto de 312´482,573.12 pesos; para el año 2006, este se incrementó a 342´808,382.82 pesos, un aumento de 9.7% respecto al primer año. Si tomamos en consideración, sólo la dieta de Diputados (que podemos considerar como su sueldo base), es considerable el incremento registrado en los tres años que duró la Legislatura. En el primer año, el presupuesto ejercido en la dieta de las y los Diputad@s fue de 10´296,593.22 pesos; para el año 2006 se incrementó a 47´866,114.02 pesos; es decir, un incremento de 364.8%, El aumento a los salarios mínimos fue de 7.6% en el mismo período.
Ingresos
Diputadas y Diputados en el Congreso perciben sueldos mensuales de alrededor de 77,000 pesos; sin embargo, ésta no es la única fuente de ingresos de legisladores. En el “apoyo a la gestión parlamentaria” durante 2004, o en las “erogaciones parlamentarias” (el capítulo 8000) del presupuesto ejercido en 2005 y 2006, hay una gran cantidad de rubros cuyos recursos se manejan de manera discrecional y al arbitrio de Diputados. En 2004, se gastaron en estos rubros, 31´420,798.80 pesos; en 2005, 31´125,136.82 pesos y en 2006, 44´593,107.19 pesos; un incremento de 42%, respecto a 2004. El siguiente cuadro muestra, como un ejemplo, el desglose de las erogaciones extraordinarias que se repartieron los partidos políticos por el concepto de “erogaciones parlamentarias” en el año 2006.
Secretaría Particular
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3´830,575.41
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Erogaciones a Comisiones
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840,206.37
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Apoyo a Diputaciones
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8´991,002.71
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Enlace Legislativo
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5´098,600
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Secretarios Parlamentarios
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9´326,515.97
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Apoyo Técnico
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15´577,731.45
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Gastos de sesiones
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928,475.28
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Total
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44´593,107.19
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Es aquí donde está la verdadera fuente de ingresos adicionales de las señoras y señores Diputados; es aquí donde se obtienen los recursos para la contratación de personal, sin control alguno. En esta repartición del dinero participan todos los partidos. La cuota que toca a cada uno/a de ellos/as es proporcional al número de Diputad@s, a las comisiones que cada partido controla, y sobre todo, a las negociaciones que establecen est@s funcionarios públicos en la partición del presupuesto.
Viajes
La LVII Legislatura se caracterizó por el dispendio de recursos públicos en viajes, nacionales y al extranjero cuya utilidad pública no se pudo comprobar. La página electrónica del Congreso reporta de forma parcial los gastos realizados por las y los Diputados en viajes, ya que sólo aparece información del 5 de marzo de 2005 a 15 de julio del mismo año. En ese período, Diputad@s y sus colaboradores realizaron 65 viajes, 8 internacionales. Para el año 2006, sólo hay información del 27 enero al 19 de julio, período en el que se realizaron 53 viajes, 9 de ellos internacionales. No existe información sobre el año 2004. Los Diputados que más gastaron en viajes fueron:
Salvador Cosío Gaona $107,545 pesos 3 viajes
Luis Alejandro Rodríguez 61,850 pesos 1 viaje
José Maria Martínez Martínez 47,987 pesos sólo viáticos
Mario Alberto Ocampo Bustos 12,335 pesos 3 viajes
Gastos de Comunicación Social
Lo gastado en el área de Comunicación Social del Congreso del Estado durante 2005 y 2006, puede considerarse excesivo. El primer año erogaron por inserciones pagadas y esquelas en diarios, spot publicitarios en televisión: 2`268,240.97; el segundo año, 749,667. Llama la atención el gasto de esquelas: 33 en 2005 y 30 en 2006. El diario que más se benefició por los gastos del Congreso fue Ocho Columnas, de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Baños
Los medios impresos de comunicación denunciaron a mediados del año 2006, la intención de Diputados de remodelar los baños del Congreso; inflaron los costos a más de tres millones de pesos. La presión de la opinión pública les obligó a detener la obra. La actual Legislatura está evaluando si continúa la remodelación de los baños. El Diputado Jorge Arana dijo a los medios de comunicación que el nuevo presupuesto destinado a este fin no rebasaba los 300 mil pesos.
Venta del lote de autos
Los medios de comunicación impresos denunciaron la venta de un lote de 19 vehículos a un precio de 200 mil pesos. La venta de este lote es una historia más acerca de las irregularidades en el Congreso: 1) La venta no fue un acuerdo de la Comisión de Administración; no hay documentos oficiales que avalen tal operación; 2) No hubo valuación previa para conocer el valor real del lote de vehículos; 3) no hubo una subasta pública con el fin de vender el lote al mejor postor/a; por el contrario, se vendió todo el lote a una empresa particular; 4) ante la presión de los medios, el Director de Control Presupuestal del Congreso, mencionó que todo el proceso de la venta de vehículos quedó registrado en actas de la Comisión de Administración del 2, 12, 29 y 31 de enero de 2007; este funcionario mintió ya que la última reunión de esa Comisión fue el 23 de noviembre de 2006.
Contratación de Personal
El último día de la LVII Legislatura Diputadas y Diputados, llevaron a cabo una irregularidad más: autorizaron la contratación de 148 nuev@s trabajadores del Congreso. Los nombramientos son ilegales porque no fueron aprobados por la Asamblea Legislativa (de acuerdo a la Ley Orgánica), porque la mayoría de estas personas no cumplen los requisitos del cargo que supuestamente van a desempeñar, y porque su contratación no era necesaria.
La contratación de personal de apoyo a Legisladores es otra fuente de corrupción dentro del Congreso de Jalisco. Es aquí donde se incorporan “recomendados/as” de las y los Diputados (parientes, amigas y amigos) como una vía para pago de favores. Cuesta trabajo creer que el último día de sesiones, las y los Legisladores aprobaran la contratación de nuevo personal, “herencia” que dejaron a la Legislatura entrante. La autorización de las nuevas plazas de base fueron impulsadas por la Junta de Coordinación Política, con el aval de los Diputados: Salvador Cosío, Rodolfo Ocampo, Enrique García y Luis Alejandro Rodríguez.
Ley Indígena Estatal
Aprobada el último día de sesiones y en el punto de asuntos varios, la Ley Sobre el Desarrollo de Pueblos Indígenas salió de la congeladora legislativa con el consenso de todos los partidos. Sin embargo, esta Ley fue rechazada sistemáticamente por Representantes de los pueblos y comunidades indígenas del estado, tanto Nahuas de Tuxpan, Ayotitlán y Cuzalapa a través de sus autoridades tradicionales, como por representantes del pueblo Wixarika del norte de Jalisco. También por Representantes de diferentes grupos migrantes de la zona metropolitana de Guadalajara, quienes rechazaron esta Ley porque desconoce los Acuerdos de San Andrés, va en contra de su existencia como pueblos indígenas y no constituye un piso mínimo de derechos que aseguren el ejercicio de su ciudadanía. Esta Ley, referida al desarrollo y no a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas contribuye a perpetuar el sistema de subordinación que el Estado ha impuesto a los pueblos indígenas, sometiéndolos al poder político de los grupos en el poder y a las instituciones y negando su derecho a la libre determinación y la autonomía en el marco de un estado plural y diverso como es el nuestro.
Indiferencia ante las Demandas Ciudadanas
La LVII Legislatura se caracterizó también por hacer caso omiso de las Iniciativas propuestas por la ciudadanía; es el caso de la Iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar las Formas de Discriminación en el Estado de Jalisco, presentada en junio de 2004 por el Colectivo Jalisco Incluyente, Organismos por la Equidad y Contra la Discriminación.
En diciembre de 2004, esta Iniciativa de ley fue presentada al pleno del Congreso a través de los Diputados Alberto Maldonado Chavarín y Francisco Javier Hidalgo y Costilla, turnándose a las Comisiones de Derechos Humanos y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación. La ley marca 90 días como máximo para dictaminar; sin embargo, la sociedad esperó 1 año y 363 días para obtener un dictamen por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Dicha Comisión rechazó la Iniciativa presentada por el Colectivo Jalisco Incluyente, bajo argumentos jurídicos que denotan una falta de conocimiento y de sensibilidad sobre el tema; la califican de discriminatoria debido a que propone medidas positivas y compensatorias a favor de grupos que históricamente se han encontrado en condiciones de mayor desventaja, tales como mujeres, adultos mayores, niñas y niños, mujeres lesbianas y hombres homosexuales, población indígena, personas con capacidades diferentes.
Ni Asesores, ni Diputados/as que firmaron este Dictamen tienen noción de lo que en el Derecho internacional se conoce como Acción afirmativa, lo que no significa “hacer distingos” o que la ley “sea discriminatoria” como afirmaron. Quedó en evidencia una vez más su falta de compromiso para la vigencia, cumplimiento y protección de los Derechos Humanos de ciudadanas y ciudadanos de Jalisco.
En la LVII Legislatura, se observó de parte de Diputadas y Diputados –entre otros- un desconocimiento de principios jurídicos relacionados con la Equidad de género, con los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos. Basta recordar que Diputadas del PRI y del PAN llegaron a cuestionar la inclusión de la Anticoncepción de Emergencia (AE), llamada píldora del día siguiente, en el Cuadro básico de medicinas, contradiciendo políticas públicas en salud y compromisos internacionales del estado Mexicano en esta materia.
Tampoco se observa la tranversalidad de la equidad de género en Iniciativas de Diputadas y Diputados en las distintas Comisiones de trabajo, mecanismo que por obligación debe implementarse en las distintas acciones de los tres órdenes de Gobierno. Las mujeres no son un grupo, tampoco una minoría; son el 52% de la población jalisciense, por lo que en los trabajos de todas las Comisiones Legislativas debe contemplarse la transversalización de la perspectiva de equidad en las relaciones de género.
Los Principales Actores
Alfredo Argüelles Basave (PAN)
Junto con Ríos Bojorquez y Rejón (ex Secretario de Vialidad) fueron señalados en la prensa escrita por pedir dinero a midibuceros a cambio de una reforma legal que beneficiara al gremio camionero. Por estas acciones fueron denunciados y se solicitó juicio político contra los ahora ex Diputados; sin embargo, la LVII Legislatura desechó la solicitud otorgándole un nuevo nombramiento en la actual legislatura.
Argüelles, fue uno de los responsables de que se consumara un atropello más contra el Poder Legislativo. Este Diputado terminó su gestión destacó por sus escándalos, frivolidades, abusos, excesos en el manejo de recursos del Congreso de Jalisco.
José María Martínez realizó junto con Salvador Cosío, viajes al extranjero considerados injustificados, inútiles y costosos; participó en el remate de vehículos del Congreso por un monto irrisorio; estuvo vinculado en la onerosa remodelación del Congreso, en la compra de computadoras y artículos de lujo, pagados casi al doble de su precio real. Intentó cambiar leyes municipales para que partidos políticos, a través de sus Regidores tuvieran mayor poder que el Alcalde: Intentó también reformar la Ley de Transparencia para evitar que los ciudadanos pudieran tener acceso a las cuentas públicas de los municipios, antes de ser aprobados por Legisladores; autorizó obras y gastos sin licitación pública.
En fechas recientes señaló que la culpa de su mala reputación, y la del Congreso, la tienen los reporteros por estarse fijando en cuanto cuestan los baños. Dejó prácticamente acomodada a parte de su familia en el Poder Legislativo luego de sus negociaciones con fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD y PVEM; tres de sus familiares serán Directores de área del Congreso, con salarios que rebasan los 40 mil pesos
Salvador Cosío Gaona, participó en las negociaciones al lado de José María Martínez y Alfredo Argüelles para: la basificación de 148 personas en el Congreso, la venta del lote de vehículos, la construcción de baños, el nombramiento de Argüelles como Secretario General del Congreso; fue así mismo, uno de los que más gastó en viajes nacionales e internacionales injustificados, caros e inútiles.
Conclusión
La impunidad es la principal fuente de nuevos delitos; los medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión dieron cuenta del bajo nivel de productividad de Diputados y Diputadas de la LVII Legislatura y del cúmulo de irregularidades que cometieron. Sin embargo, no recibieron sanción alguna; fueron “premiados” con nuevos nombramientos, tal es el caso de Ricardo Ríos Bojórquez, quien actualmente es el Secretario General del Congreso.
Los señalamientos que aquí hace el Congreso Ciudadano de Jalisco de los ex Diputadas y Diputados es una llamada de atención a las y los Diputad@s de la LVIII Legislatura, para que actúen con apego al marco legal que nos rige. Los nuevos Diputados/as, integrantes de la LVIII Legislatura, misma que entró en funciones el 1 de febrero de 2007, comenzó mal su tarea; uno de las primeros acuerdos fue “limpiarle” el expediente a Alfredo Arguelles Basave.
El Congreso Ciudadano de Jalisco manifiesta ante la opinión pública que mantendrá una actitud de escrutinio, de evaluación y sobre todo de denuncia pública ante el trabajo que desempeñen las y los actuales Diputad@s de la LVIII Legislatura.
Manifiesta También que mantendrá una actitud propositiva, sugiriendo nuevas Iniciativas de ley, consideradas necesarias por la sociedad jalisciense. El Congreso Ciudadano de Jalisco exigirá a las y los actuales Diputados se conduzcan con ética, responsabilidad y sensibilidad.
El Congreso Ciudadano de Jalisco
Guadalajara, Jalisco, 16 de mayo del 2007
